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Clínica jurídica de interés público e inclusión social

¿Qué es la CliDIP?

La Clínica Jurídica de Derecho, Interés Público e Inclusión Social (CliDIP) es un proyecto-marco desarrollado dentro de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Mediante este proyecto, el área de Filosofía del Derecho, área responsable del mismo, pretende contribuir a crear las condiciones para la formación de futuros juristas comprometidos con una idea de Derecho y de cultura jurídica que, en tanto que superación del formalismo todavía imperante (tanto en el ejercicio mismo del Derecho como en la teorización desde la concepción positivista normativista), permita la transformación social a la luz de los valores de autonomía e igual dignidad -sustrato axiológico del principio de imperio de la ley y de los derechos humanos.

Con esta orientación, la CliDIP, en tanto que institución jurídica educativa, acoge entonces la concepción de la enseñanza jurídica que resulta como corolario o proyección de una concepción del Derecho que se denomina postpositivismo y que (a) ni reduce el Derecho centralmente a su dimensión autoritativa (superando así el formalismo positivista que pone el foco de atención en las razones formales o autoritativas -i.e. independientes del contenido- que articularían el razonamiento jurídico justificativo) (b) ni tampoco, en sentido opuesto, lo reduce a su dimensión de fines o valores (no incurriendo así en ese otro extremo que consiste en desdibujar por completo las diferencias entre razonamiento jurídico y razonamiento moral al entender que las razones sustantivas -o dependientes del contenido- derrotan a las autoritativas y se constituyen en único eje del razonamiento jurídico; en la literatura se ha denominado a esta posición neoconstitucionalismo).

De esta forma, la concepción postpositivista del Derecho, que conforma uno de los ejes o presupuestos teóricos de la enseñanza clínica, se presenta como una concepción potente del Derecho. El Derecho es abordado desde una perspectiva argumentativa y desde esta perspectiva es caracterizado como una práxis social con dos dimensiones articuladas de forma compleja: (1) la autoritativa o formalista (sin incurrir en una lectura totalmente formalista del Derecho, el postpositivismo afirma la relevancia que tiene su dimensión autoritativa para la protección de esos valores sustantivos (seguridad y, finalmente,  autonomía) que subyacen al ideal del imperio de la ley; (2) la sustantiva, valorativa o finalista (en cuanto que praxis social el Derecho ha de desenvolverse a la luz de los valores que la dotan de fundamento, sus bienes inherentes). Entreveradas se presentan tambien tanto la necesidad práctica de la coacción pública (estariamos de otro modo –parafraseando a Ihering- ante “un fuego que no quema”), como el uso justificado de la misma (de ahí la reivindicación de la importancia de la argumentación como forma de control racional o intersubjetivo).

Para que las ideas presentadas cobren vida en el desarrollo de una cultura jurídica que ad intra haga realidad el potencial del Derecho para la transformación social en el sentido indicado, al tiempo que ad extra difunde una comprensión elaborada del Derecho -más allá de su consideración muy generalizada entre los no juristas como un instrumento coercitivo que solo hace valer los intereses de los ya poderosos-, entendemos que es necesario una reflexión acerca de la educación jurídica: la educación clínica se nos presenta como un corolario o proyección, como se ha dicho, de un compromiso con la materizalización de una concepción postpositivista del Derecho para nuestra práctica jurídica. Con este objetivo, la CliDIP de la Facultad de Derecho de la UA busca reunir a juristas y a otros profesionales del ámbito de las ciencias sociales (trabajadores sociales, psicólogos sociales, educadores sociales, sociólogos, economistas) provenientes del ámbito de la Universidad, de la Administración Pública, de organismos públicos (Sindic de Greuges, Tribunales etc) con profesionales y representantes de la Sociedad civil (ONGs, Fundaciones, asociaciones, ejercicio libre de la profesión) creando un espacio para la acción social a través del Derecho que cumpla con el objetivo educativo-formativo de futuros mejores juristas (y científicos sociales).

El correo de la Clínica de Interés Público es clinicajuridicadip@gmail.com

¿Para qué una CliDIP? Objetivos.

El desarrollo del potencial del Derecho y de la práctica jurídica para la transformación social en el sentido antes apuntado exige la formación de juristas con los conocimientos teóricos y metodológicos adecuados, con capacidades argumentativas-críticas, y con disposiciones de carácter que les lleven a desempeñar su profesión a la luz de los valores correctos. 

Con el fin de contribuir a la consecución de estos objetivos, la CliDIP proyecta la realización de toda una serie de actividades que tendrán lugar tanto en la sede universitaria como en las instituciones colaboradoras con el fin de que los estudiantes, sumergiéndose en los problemas propios de la realidad de distintos contextos sociales, vuelquen sus conocimientos teórico-prácticos, los revisen y hagan ajustes, reflexionen y de la mano de los profesionales juristas y de otros ámbitos de las ciencias sociales se familiaricen con los desafios de dar respuesta adecuada a través del Derecho y a la luz de los valores constitucionalmente protegidos a los intereses legítimos de los grupos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.


¿Qué actividades se realizan en el seno de la CliDIP?

Dentro del proyecto-marco de la CliDIP se encuentra la Unidad-Clínica de infancia y adolescencia en el sistema de tutela administrativa y de jóvenes extutelados. En la actual fase de desarrollo de esta unidad-clínica, los estudiantes matriculados en la misma, guiados por un/a profesor/a del área de Filosofía del Derecho (actualmente, la profesora Victoria Roca) se ocuparán de: (a) crear puentes de colaboración con diversas instituciones públicas y privadas vinculadas con el grupo social objetivo de la intervención, (b) definir e implementar proyectos concretos de acción social a través del Derecho.

Durante el curso académico 2018-2019, la CliDIP comenzó a orientar y dotar de contenido a su unidad clínica de infancia y adolescencia.  Se están sentando las bases de un proyecto con la Fundación Diagrama y otro con Cruz Roja consistentes en una intervención dirigida a los niños, adolescentes y jovenes extutelados del recurso de protección y del recurso de re-educación para: (1) la detección de aquellas necesidades vinculadas con la protección de sus derechos fundamentales, (2) el diseño e implementación de un programa adecuado de visibilización de su realidad y de las dinámicas estructurales que supongan un obstáculo para la real materialización de los derechos de los niños y del “interés superior del menor”, (3) el asesoramiento-acompañamiento jurídico de los menores en colaboración con juristas y otros profesionales de las ciencias sociales que trabajen con ellos, (4) la realización de talleres formativos en capacidades argumentativas en general y en Derecho para la ciudadanía (acercando a los niños, adolescentes y jovenes extutelados el lenguaje de los derechos humanos y de instituciones como el parlamento, los tribunales, la Administración, el defensor del Pueblo, fomentando en ellos muy especialmente las capacidades para la deliberación y la argumentación propias de una sociedad verdaderamente democrática).

Además, en la Facultad de Derecho se llevarán a cabo diversos seminarios de debate y talleres formativos con profesores y otros profesionales del ámbito de las ciencias jurídicas y sociales y con representantes de ongs o asociaciones especialmente vinculadas con las defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia. A tales efectos, la unidad-clínica de infancia y adolescencia ha integrado como profesores colaboradores, entre otros, al profesor Francisco José Francés del Departamento de Sociología II, a la profesora Ana Rosser del Departamento de Comunicación y Psicología Social, a la profesora Esther Villegas de Trabajo social y Servicios sociales, todos ellos de la Universidad de Alicante, también a la directora de la Revista de Interés Público de la Universidad Nacional de La Plata, la profesora de Derecho procesal Carlota Ucín. Junto a ellos, se están tendido puentes para contar con profesionales de la Fundación Diagrama y de Cruz Roja, de Unicef, del Sindic de Greuges (y muy especialmente con el Observatorio del Menor constituido en su seno y que lleva a cabo una valiosa labor como foro de debate para los distintos actores que trabajan por la protección de los derechos de los menores y de búsqueda de soluciones dentro de las competencias adscritas a la institución), de la fiscalia de Menores, del servicio territorial de acción social, abogados especializados en menores y representantes de asociaciones de Familias de Acogida.

 

Acciones realizadas dentro del programa del Voluntariado de Emergencia Social Colectiva

- Documento explicativo del proyecto. Comenta más detalladamente por qué surge el proyecto y cómo se ha desarrollado

- Tríptico, que contiene toda la información  útil en este tema.

 

¿Cuáles son los ejes metodológicos del trabajo en la CliDIP?
Para saber más sobre los fundamentos teórico-prácticos de la CliDIP.

(a) Una aproximación al Derecho desde una perspectiva argumentativa

El ideal del imperio de la ley es un ideal civilizatorio de control de ejercicio del poder que se proyecta precisamente en la necesidad de que las decisiones estén fundadas en normas generales preexistentes: ahora bien, lejos de presentar la actividad interpretativa y aplicativa del Derecho como una actividad puramente logicista o mecánica como suele hacer el formalismo, la perspectiva argumentativa pone de manifiesto que la misma es una actividad esencialmente práctica, esto es, que implica juicios de valor que, en la medida en que se respaldan en razones (institucionales o autoritativas, y sustantivas)  públicas e intersubjetivamente controlables, no se reducen al puro subjetivismo. La perspectiva argumentativa pone de manifiesto a partir de esto la necesaria conexión interpretativa-justificativa entre Derecho y moral. Las aportaciones realizadas por la teoría argumentativista del Derecho, la teoría de la prueba y también por una interesante literatura sobre el papel de las virtudes en el razonamiento práctico nos proveen de todo un instrumental metodológico y conceptual que supone, por decirlo de forma sintética, una rehabilitación de la razón práctica y la posibilidad del control racional (intersubjetivo) del ejercicio de poder a través del Derecho. Esta perspectiva argumentativa se proyecta igualmente en la actividad creadora de Derecho en sede legislativa: tal  actividad también va a estar jurídicamente controlada -a la luz de las exigencias del constitucionalismo político- por el marco normativo que supone el coto vedado de los derechos humanos recogidos en nuestra Constitución y en otros convenios internacionales. Imperio de la ley, protección de los derechos humanos y argumentación intersubjetivamente controlable son, de esta forma, los mimbres de una comprensión cabal del constitucionalismo democrático y del avance civilizatorio que el mismo supone para un ejercicio del poder político comprometido con la protección de los valores de autonomía y de igual dignidad.

(b) Una concepción acerca del uso o enfoque del Derecho y de los derechos: el Derecho de Interés Público y el litigio de Interés Público (o análogos: litigio de Derecho Público, de reforma estructural, estratégico)

El LIP es una práctica extendida en muchos paises de latinoamerica que persigue incidir sobre la necesidad de que la Administración apruebe e implemente políticas públicas que materialicen los derechos sociales recogidos en las Constituciones. El origen de este tipo de litigio colectivo puede rastrearse en los movimientos pro derechos civiles en los EEUU: las public interest actions, que persiguen objetivos de reforma estructural y que no deben ser confundidas con las class actions por tener estas como único fin el resarcimiento económico de los perjudicados. Siguiendo la caracterización que en la literatura se hace de la orientación de este tipo de litigios: “se trata de llevar adelante ciertos reclamos de grupos sociales que se encuentran en condiciones de desventaja, intentando provocar así un cambio de statu quo por cuanto que el mismo es violatorio de los derechos fundamentales y de los compromisos constitucionales en general. Con tal fin puede resultar necesario: (a) revisar una práctica de Derecho Público en la medida en que resulte violatoria de los derechos defendidos, o bien fuertemente insatisfactoria si tenemos en cuenta que que el compromiso constitucional es su protección, o bien (b) revisar una estructura burocrática que en algún momento esté lesionando derechos fundamentales o bien (c) se señale y judicialice un caso «testigo» como estrategia para lograr un cambio colectivo” [Ucín 2009, 2016]. En este escenario, asumen un papel central las ONGs y otro tipo de organizaciones y asociaciones (también los amici curiae) que dan voz a los intereses silenciados en muchos ámbitos de la vida pública, enriqueciendo el debate, permitiendo así entender mejor el problema y, con suerte, llegar a soluciones con mayores niveles de imparcialidad.

Aunque en España no existen hasta la fecha mecanismos procesales que permitan accionar al modo del litigio estructural (más allá de la representación de los intereses públicos para la cuál está legitimado el ministerio fiscal en casos de intereses colectivos y difusos y la figura del coadyuvante como figura más próxima al amicus curiae), el Derecho de Interés Público puede incorporarse como enfoque o método a una educación clínica que, con el sustrato teórico-práctico que representa la concepción postpositivista del Derecho, persiga fomentar una cultura jurídica no formalista que permita visibilizar y urgir a dar respuesta a través del Derecho a los obstáculos estructurales que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos sociales (infancia y adolescencia procedentes de familias desestructuradas o que llegan a nuestro pais con los flujos migratorios derivados de distintos tipos de presiones, los jóvenes ex-tutelados, personas sin hogar, empleadas domésticas, adultos en prisión, menores en el sistema de justicia juvenil, etc.)

Y es que el Derecho de Interés Público como enfoque o como disciplina engloba, junto con el LIP como estrategia judicial, todo un conjunto de estrategias jurídicas (reforma del Derecho, educación jurídica, alfabetización jurídica, servicios jurídicos de asistencia legal, acompañamiento jurídico, etc) que persiguen el enfoque del Derecho y de los derechos con fines emancipatorios: esto es, con el objetivo de visibilizar y revertir los impedimentos políticos, sociales, económicos estructurales que se convierten en un obstáculo para que tengamos una sociedad decente al relegar la participación (dominación) y silenciar los intereses (opresión) de ciertos grupos sociales que, por esta razón, acaban por ser convertidos en grupos subordinados. El enfoque de IP en relación con el Derecho y con la educación clínica, al tiempo que se concentra en las causas estructurales que subyacen a un caso de violación individual de los derechos, lleva además de la mano una visión deliberativa propia de nuestros sistemas democráticos al constituirse en una herramienta para facilitar la entrada de todas las personas afectadas al espacio de la deliberación pública.

(c) Un enfoque complementario al enfoque de los derechos humanos: el enfoque de los deberes.

Para que el enfoque de los derechos tenga un impacto real más allá de la dimensión discursiva de las instituciones político-jurídicas y de los reclamos por parte de la sociedad civil es preciso que sea complementado con el desarrollo y materialización del lenguaje de los deberes correlativos sin cuyo cumplimiento los derechos acaban por ser pura retórica. Los deberes que integran el contenido de cada uno de los derechos son deberes de alguien: de los demás seres humanos que habitan una determinada comunidad política, y muy especialmente de las instituciones públicas (organismos administrativos entre otros) y privadas. Al Estado corresponde a su vez garantizar el cumplimiento de los mismos. La relevancia de un enfoque de deberes es todavía mayor cuando hablamos de los derechos de ciertas categorías de personas: de aquellas especialmente vulnerables o, según los casos, de aquellas en especiales circunstancias de vulnerabilidad. Sólo a modo de ejemplo, pensemos en las/los niñas/niños de familias desestructuradas, o en los niños y niñas que llegan como migrantes al territorio de nuestro Estado sin acompañantes adultos, en los jóvenes ex-tutelados, la gente sin hogar, las personas internas en las cárceles del sistema de justicia penal de adultos, los jóvenes en el sistema de justicia juvenil, las personas con autonomía reducida o dependientes, la tercera edad, los trabajadores/as domésticos. En el caso de la infancia y adolescencia, por ejemplo, la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas adquiere matices importantes ya que se articula en una multiplicidad de niveles: en el de la lucha por los derechos de la infancia, en el de apoyo a los jóvenes en la lucha por sus derechos, en el cumplimiento de los deberes para la real protección de los mismos, en el de la salvaguarda del cumplimiento de esos deberes. Abordar los derechos desde la perspectiva de los deberes implicará entre otras cosas, sumergirse en la estructura normativa y en los procedimientos administrativos diversos que se constituyen como el correlativo desarrollo o materialización de las garantías de los derechos reconocidos constitucional o legislativamente, revisar esa estructura y procedimientos, denunciar obstáculos y privilegios resultantes de las dinámicas del sistema, reinventar unos y otros (estructura normativa y dinámicas administrativas etc.) para que, de verdad, la lucha por los derechos se materialice en cambios reales en la vida de cada una de las personas.

(d) Una educación jurídica clínica o experiencial.

Una formación jurídica de calidad que ponga las condiciones para el desarrollo de una cultura jurídica en el sentido aquí indicado exige crear espacios para intentar que en los futuros egresados vayan forjandose, sumergidos en los problemas socio-jurídicos, las disposiciones de carácter que harán de ellos buenos profesionales juristas. En el ámbito de las profesiones jurídicas esto se traduce en un cultivo de disposiciones vinculadas con la virtudes dianoéticas (o intelectuales) y éticas (la phronesis o sabiduría práctica) como son la empatía y la imaginación ética, la templanza, la altura de miras y la valentía, la justicia y la compasión, la honestidad, la sinceridad y la integridad, entre otras, también, y muy especialmente, aquellas capacidades auto-críticas que habrán de llevarnos a reflexionar sobre el propio rol de los juristas a la vista de la importancia del Derecho, dado el enorme impacto que tiene el mismo en la vida de las personas. Pues bien, junto con el papel que puede cumplir la lectura de la buena literatura para acercarnos a otras realidades y también para la introsprección, seguramente no hay mejor lugar para conocerlas y para conocerse y forjarse a uno mismo que la inmersión como participante activo en los problemas y vivencias propias de aquellas personas o grupos sociales cuyos intereses están siendo afectados en nuestro caso por el Derecho, por las decisiones de la Administración, de los Tribunales etc. La enseñanza clínica fomenta precisamente una aproximación al Derecho en acción al disponer a los alumnos futuros juristas, siempre guiados por un/a tutor/a del área de Filosofía del Derecho (responsable de la CliDIP), a trabajar -cooperando con profesionales tanto juristas como trabajadores sociales, psicólogos sociales, educadores, sociólogos, economistas- con los grupos sociales que sean el foco de atención del proyecto clínico en cuestión. La educación clínica implica así formarse ayudando a profesionales o, directamente, a las personas del grupo de referencia utilizando para ello los conocimientos jurídicos y las habilidades argumentativas que caracterizan al rol del jurista bajo su mejor luz. Esta aproximación clínica al Derecho nos permite ver la urgencia de desarrollar el potencial del mismo -“la ley del más débil” [Ferrajoli 1999] como herramienta para dar voz a los intereses de los colectivos en condiciones de mayor vulnerabilidad promoviendo la visibilización y lucha contra las discriminaciones estructurales obstáculo para la plena realización de los derechos humanos. La pedagogía en Derecho, derechos humanos, instituciones democráticas y en las habilidades argumentativas necesarias para el pleno ejercicio de la ciudadanía democrática (lo que se conoce en la literatura clínica como Street Law) constituye una preciosa herramienta para la acción social en manos de los alumnos de DERECHO, CRIMINOLOGÍA, DADE y DECRIM que opten por matricularse en la CliDIP. Tratamos con la CliDIP de contribuir a una educación jurídica que permita entonces a las/los estudiantes matriculadas/os romper con una concepción formalista, pobre, del Derecho y comprometerse profesionalmente con el desarrollo de una cultura jurídica que arroje una práctica jurídica más profunda, rica, superior a la luz de sus fundamentos. Que tomen conciencia, en fin, de que “podemos hacer más y de que, como juristas, debemos hacerlo” (J. Aguiló, a propósito de M. Atienza, Podemos hacer más. Otra forma de pensar el Derecho, Ed. Pasos Perdidos, 2013).


Requisitos de acceso

Los estudiantes de los Grados de Derecho, DADE, Criminología, DECRIM que quieran formar parte de la Clínica Jurídica de Derecho, Interés Público e Inclusión Social deberán estar en el último año de grado y, por ello, haber superado las materias de Teoría del Derecho y de Filosofía del Derecho. Se solicitará un curriculum vitae y se realizará una entrevista con el fin de seleccionar a las 5 personas que participarán en la clínica durante el curso académico 2019-2020. Se valorará especialmente junto con el expediente académico, tener una formación en temas vinculados con la infancia y la adolescencia, y haber realizado actividades dentro del servicio de voluntariado de la UA o como voluntario/a de alguna ONG. 

Al margen de las actividades formativas en derechos de la infancia y de la adolescencia que tendrán lugar en el seno de la clínica, se recomienda especialmente que los alumnos/as se matriculen en aquellos cursos de especialización en materia de menores o vinculados que sean ofrecidos en nuestra universidad por los diversos departamentos de ciencias sociales. 

Plazas ofertadas para estudiantes de Derecho y DADE, Criminología y DECRIM

Para el presente curso académico 2019-2020 se ofertan 5 plazas para estudiantes matriculados en las actividades propias de la clínica.

Período y horario de las prácticas

Las actividades se desarrollarán a partir del mes de Noviembre y se prolongarán durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-20 en horario compatible con el calendario docente.

Procedimiento de solicitud

El alumnado interesado (estudiantes de las titulaciones de Derecho, Criminología, DECRIM y DADE de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante) puede solicitar prácticas en la Clínica Jurídica de Derecho, Interés Público e Inclusión Social, según el procedimiento establecido en la Oficina de Prácticas.

Reconocimiento académico de créditos

La labor realizada en el seno de la Clínica jurídica de Derecho, Interés Público e Inclusión Social podrá ser reconocida por la asignatura de Prácticas Externas (6 créditos) o por créditos de actividad de voluntariado, cuando dicha labor haya sido calificada de forma favorable por la tutora del programa.

Calificada la actividad, los alumnos/as interesados/as solicitarán su reconomiento a través del campus virtual.

Normativa

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

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